Quién es quién

Justicia venda

Justicia vendaPor Sergio Fernández Novoa

Por estos días, como sucedió cada vez que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tocó alguna fibra sensible del poder real, la oposición compuesta por sectores políticos y medios emprendió una nueva cruzada. Esta vez, lo hizo en contra de los proyectos que integran la democratización de la Justicia. Iniciativas como la participación popular en el sistema de selección de los jueces o la búsqueda de transparencia en el ingreso al Poder Judicial son presentadas, sin medias tintas, como un Atentado contra la República (así, con mayúsculas).

Esta interpretación, promovida generosamente por los medios concentrados, da por sentado una serie de falacias que no se pueden pasar por alto. La primera de ellas es que el actual sistema de justicia está a la altura de las necesidades de la ciudadanía, por lo que no hay nada que cambiar.

Esta idea no hace más que poner en evidencia la defensa cerrada del statu quo por parte de los intereses corporativos. Los grupos económicos y sus representantes en la política y la justicia prefieren un Poder Judicial elitista en el que intervengan pocos, ya que es la mejor opción para hacerlo maleable a los designios de los poderes fácticos que operan en las sombras.

La oposición político-mediática no duda en invocar la independencia de la Justicia, como si esta sólo fuera respecto al poder político y no de todos aquellos actores políticos, económicos y sociales con capacidad de torcer una resolución justa y de acuerdo a la ley de los conflictos.

Esta visión deja a buen resguardo el poder de lobby de los sectores del privilegio, como quedó claro en las trabas aún reinantes para la plena vigencia de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, reclaman independencia del poder político (algo obvio y fuera de discusión) pero no del poder económico.

Desde esta perspectiva se apela a la ciudadanía de manera retórica, ya que mientras se proclama defender sus derechos se le niega la posibilidad de participar en el proceso de selección de los jueces para definir qué perfil deben tener.

No estamos ante un tema menor. Dejando las numerosas excepciones que se pueden encontrar en todo el país, el rasgo conservador, elitista y de género que aún se observa en la magistratura es determinante a la hora de dictar sentencia en miles de casos que impactan en la vida cotidiana.

En los planteos opositores subyace, en definitiva, una visión de la Justicia que llegó al país de la mano del FMI y el Banco Mundial en los años noventa y que tiene en la seguridad jurídica (eufemismo para designar el poder absoluto del mercado) el objetivo fundamental del Poder Judicial.

Es decir, una Justicia cuyo objeto es garantizar los intereses de los poderosos y deja librados a millones de ciudadanos.

Otra constante de la política desplegada estos días por la oposición es la falta de propuestas. Ante las iniciativas oficiales no presentaron una sola idea para mejorar la Justicia. Tampoco aceptaron debatir en el Congreso ni plantear sus diferencias ante los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.

De esta manera colocaron el actual debate en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas, cercenado una discusión genuina a través de slogans y consignas. Flaco favor a la proclamada defensa de los derechos de la gente, ya que como demostraron organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que apoyan la reforma, los proyectos elevados por el Poder Ejecutivo son perfectibles y necesitan modificaciones.

Pero la asociación de opositores que integran sectores de la política, el empresariado, el sindicalismo y medios, solo persiguen la matemática electoral y el desgaste del gobierno. Así lo demuestran las declaraciones rimbombantes: “estamos ante una dictadura”, “es el avance más grave sobre las instituciones desde 1976”, “es el control total de los jueces”, etc, etc, etc.

En este contexto se inscriben también los operativos mediáticos y las denuncias estridentes. En una misma semana, la oposición convocó a protestar en las calles, aparecieron denuncias periodísticas de alto impacto y pocos elementos concretos sobre supuestos hechos de corrupción y se llamó a un cacerolazo “por las redes sociales”.

El resultado de todo esto, sin duda, marcará buena parte del debate político de aquí hasta las elecciones. También dará cuenta de la temperatura social. En definitiva, demostrará quién es quién en una Argentina que se encuentra ante la encrucijada de profundizar las transformaciones emprendidas en mayo de 2003 o restaurar el viejo orden neoliberal.

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